Por Carlos Hartig.
Con el objetivo de erradicar el pago de favores políticos mediante la contratación de personal no apto, el Sistema Local Anticorrupción pondrá en marcha el “Sistema 3”. Esta plataforma nacional de consulta pública permitirá verificar el historial de los servidores públicos para evitar que personas inhabilitadas por actos de corrupción o delitos penales ocupen cargos en los tres niveles de gobierno, una práctica detectada incluso en municipios nayaritas.
Juan Carlos Alvarado, representante de la Secretaría Ejecutiva, advirtió que la contratación de perfiles sancionados constituye un delito de contratación indebida. El funcionario señaló que este fenómeno es un «mal nacional», donde sujetos inhabilitados en una entidad federativa buscan refugio laboral en otra debido a la falta de una base de datos unificada; brecha que este nuevo sistema pretende cerrar definitivamente en el estado.
Ante el próximo cierre de las administraciones estatal y municipales, se hizo un llamado enérgico a los alcaldes y contralores para corregir irregularidades y denunciar cualquier anomalía de forma inmediata. La Secretaría Ejecutiva Anticorrupción actuará como un ente vigilante y transexenal para garantizar que los procesos de entrega-recepción se realicen bajo estricto cumplimiento normativo y total transparencia en el manejo de fondos.
Respecto a la corrupción en mandos operativos, como policías y agentes de tránsito —especialmente en zonas de alto impacto como Bahía de Banderas—, se instó a la ciudadanía a ejercer su poder mediante la denuncia formal. Aunque el municipio de Bahía ha presentado informes detallados sobre sanciones a elementos, se reconoció que ningún ayuntamiento está exento de estas prácticas, por lo que el enfoque actual es abatir la impunidad.
Finalmente, se adelantó que, aunque el «Sistema 3» se enfoca inicialmente en faltas administrativas y penales ligadas a la corrupción, su evolución natural integrará el registro de deudores alimentarios y violentadores. Con esta visión, el Gobierno de Nayarit busca asegurar que el servicio público sea ocupado exclusivamente por ciudadanos con capacidad técnica y solvencia ética, respondiendo a la exigencia de transparencia de la sociedad.
